En noviembre de 2006, por primera vez en la historia mexicana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la iniciativa para la despenalización del aborto. No obstante, fue hasta marzo de 2007 que el tema cobró relevancia en la sociedad. Organizaciones conservadoras y progresistas, expertos jurídicos y médicos se unieron a la conversación.
De acuerdo con La Despenalización del Aborto en la Ciudad de México, artículo publicado por Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), “la iniciativa del PRI proponía la completa despenalización del aborto mediante la abolición de penas para las mujeres que procurara o consintiera un aborto y regulaba la interrupción dentro de las primeras doce semanas de gestación”.
El artículo también mencionaba la supresión en los juicios emitidos por médicos, así como la creación de una Comisión de Valoración. Según el GIRE, esta comisión proporcionaría registro de los casos y consejería para mujeres que desearan abortar. De igual manera, se propuso convocar a la población a un referéndum para conocer su opinión.
Hoy en día, el aborto sigue estando en discusión, a pesar de que la interrupción del embarazo –hasta las 12 semanas de gestación– fue despenalizada en la Ciudad de México en 2007.
Lucía Melgar nos dice en su texto Aborto Legal y Justicia Social, que el reconocimiento de los derechos de la mujer implica “en particular el derecho a decidir libremente acerca de su maternidad, si quiere y puede ser madre, de cuántos hijos y en qué momento o de ninguno”.
En una entrevista con Libertad Enríquez Abad, psicóloga feminista integrante de la Colectiva Sororidad Glocal (CSG) y parte del Frente Feminista Nacional (FFN), explica que la interrupción del embarazo es un asunto de justicia social: “las mujeres no somos dispositivos gestantes, sino que somos personas, personas con proyectos de vida, personas con circunstancias de vida también, que a veces no permiten tener un embarazo, sobre todo implica la reivindicación de este derecho a decidir».
Cuando el aborto es legal es un poco más económico, de acuerdo con los datos mostrados por el artículo de la analista de datos en Animal Político, los abortos con medicamentos con misoprostol varían entre 500 pesos y 900 pesos; mientras que el precio del aborto legal en la CDMX, en una clínica privada, oscila entre 2 mil hasta 5 mil pesos.
Los conceptos de legalizar y despenalizar son bastante distintos el uno del otro. La integrante de la CSG y del FFN detalla que la legalización implica generar una serie de iniciativas y de propuestas que le permita a la ciudadanía tener un marco de actuación legal, ejercer su derecho y no tener sanción por ello. Por otro lado, la despenalización “es una cuestión judicial donde si tú incurres en una falta que está tipificada y catalogada en la ley, hay una sanción penal porque es un delito».
La razón principal de la lucha a favor de la interrupción del embarazo ha dejado de ser únicamente la de decidir libremente acerca de la maternidad. Se busca tener un aborto seguro, legal y gratuito para todas, acabando con los abortos clandestinos.
Según explica Carolina Torreblanca en un artículo para Animal Político, “entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue un aborto”. La analista resalta que, si algo es seguro es que las mujeres no dejarán de abortar por una u otra causa, sino que el hecho de que el aborto sea criminalizado vuelve esta práctica algo inseguro.
Torreblanca menciona que, de acuerdo con una encuesta realizada por la ENDIREH 2016, “9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años, dijo haber estado embarazada en los últimos cinco años; de estas, poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto”.
Libertad Enríquez resalta que se busca despenalizar el aborto, hacerlo accesible, gratuito y seguro para convertirlo en un medio viable para que cualquier mujer de cualquier situación económica pueda acceder a éste sin poner en riesgo su vida.
La Ciudad de México es la única entidad del país en la que el aborto a libre voluntad no está criminalizado. En el resto del país, el código penal correspondiente especifica las circunstancias bajo las cuales abortar no está penalizado; por ejemplo, en caso de violación.
Por tanto, se cuenta con limitadas alternativas para las mujeres. “¨[…] hay cuatro maneras diferentes de abortar voluntariamente […]: con un aborto clandestino realizado en una clínica pública; con un aborto clandestino realizado con medicamentos; con un aborto legal en una clínica privada en la CDMX o con un aborto legal en un hospital público o clínica especializada de la CDMX”, explica Carolina Torreblanca.
Es decir, que a pesar de tener muy poco acceso a un aborto seguro, es prácticamente nula la idea de obtener un aborto gratuito. Las clínicas privadas o especializadas tienen costos altísimos que resultan imposibles de cubrir para la mayoría de las mujeres. Torreblanca asegura que “los abortos clandestinos en una clínica privada pueden costar desde 5 mil hasta 30 mil pesos, dependiendo lo que los médicos quieran cobrar y las semanas de gestación que se tengan”.
“Uno de los argumentos pro vida es que el aborto es como una adicción”, comenta Libertad, “cuando en realidad es una decisión de emergencia y que puede contestar a distintas emergencias: la salud de las mujeres, su situación económica, emocional y afectiva. Es decir, hay muchas circunstancias en las que se decide el aborto. Argumentan que es por gusto o que se vuelve nuestro anticonceptivo, cuando en realidad no es así”.
La despenalización del aborto no sólo implica quitar las sanciones penales ante esta práctica, sino que busca extender esta alternativa para que las mujeres en todo tipo de situación puedan llevar a cabo esta práctica si es necesario, sin poner en riesgo su vida.
Fotografías y texto por: Andrea Morlote