El 30 de noviembre de 2018, la fiscalía regional del gobierno del Estado de México en Tlanepantla de Baz, echó a los pobladores de sus hogares en el predio de nombre «La Pedrera», ubicado en el Pedregal de Atizapán.
De acuerdo al abogado de las familias, Antonio Lara Duque, fueron expulsados de sus hogares por agentes policiales “a punta de pistola y con disparos al aire”. El desalojo se llevó a cabo tras la denuncia de la inmobiliaria Expectras, que reclamó que los habitantes se encontraban en violación de su derecho de posesión de aquel predio. Esta empresa ha sido implicada en fraudes fiscales en Estados Unidos, y desfalcó al estado veracruzano durante el gobierno de Javier Duarte: ganó una licitación destinada a la construcción de infraestructura para los juegos centroamericanos, y luego de recibir el dinero no construyó nada.
En una audiencia el miércoles 4 de septiembre, la juez titular declaró legales los actos de desalojo de la fiscalía regional contra los pobladores de “La Pedrera”. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros (CDHZL), que Lara dirige, concluyó que debido al dictamen de la juez a favor de la fiscalía y Expectras, tendría que recurrir a instancias federales.
Las familias desalojadas, conformadas en la asociación civil Alianza Única del Valle (AUV), viven en situación de calle hace nueve meses en hogares «hechizos» junto a la entrada del predio que antes habitaban, y cuyas puertas ahora están bloqueadas por sellos de “ASEGURADO”.
De manera colectiva a través de la AUV, los pobladores de “La Pedrera” son parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que recibieron amenazas luego de que el 29 de mayo de 2018, presentaron ante la PROPAEM, autoridad ambiental mexiquense, una denuncia por la destrucción de un cerro vecino. Dicho ecocidio, perpetrado por Expectras, fue detenido prontamente.
Ocho días después de la denuncia, que presentó la AUV ante las autoridades ambientales, el abogado José Francisco Caballero Aguilar colocó una denuncia de hechos ante la fiscalía regional a nombre de la inmobiliaria. En esta se reconoció que el predio de “La Pedrera” estaba habitado, lo que violaba el derecho de posesión de Expectras.
No obstante, las familias viven en aquel predio desde 2006, en 2016 iniciaron un litigio civil con Nacional Financiera (NAFINSA) para adquirir la propiedad y desarrollar vivienda social. Una solicitud de transparencia a NAFINSA comprueba que, a pesar del supuesto contrato de venta que presentó Expectras a la fiscalía en 2018, el predio nunca fue vendido. El abogado Lara Duque afirma que los habitantes del predio desalojado se convirtieron en víctimas de hostigamiento y ataques del Estado como consecuencia de haber defendido sus derechos ambientales frente a un capital privado, que los intereses están ligados.
La fiscalía regional negó haber obrado por órdenes de alguna empresa privada cuando desalojó a los pobladores. El área de comunicación del gobierno estatal del gobernador Alfredo Del Mazo también niega responsabilidad en los hechos afirmando que si la denuncia realizada por Expectras fue ratificada por un juez, la fiscalía y la policía estatal deben seguir las órdenes de éste. Sobre el litigio civil, afirman que es un asunto entre la AUV y Nacional Financiera.