Sentada al centro del taller de su esposo, frente a la cámara, rompió en llanto. Era sábado primero de diciembre de 2018, Tomasa Estrada estaba siendo entrevistada para un documental y las preguntas empezaron a tocar los temas más sensibles. Tiene respuestas involuntariamente ensayadas para las preguntas que tienen que ver con su esposo, Rómulo Arias Mireles, prisionero político. No así para las que se refieren a su vida o sus hijos.
Rómulo estuvo en la cárcel durante 15 años por ser miembro del Comité de Defensa del Agua de San Pedro Tlanixco. A él y otros cinco miembros del comité los sentenciaron a 50 años de prisión por haber empujado a Isaak Basso –empresario floricultor– a su muerte. El difunto era un ingeniero que trabajaba para la asociación de floricultores de Villa Guerrero, un pueblo río abajo que ha luchado por la concesión del agua con el pueblo de Tlanixco desde los años 80. En una incursión al territorio de la comunidad, el 1 de abril de 2003, el ingeniero y 12 acompañantes fueron al río. Personas de Tlanixco que los vieron, fueron a tocar las campanas de la iglesia para alertar al pueblo y en poco tiempo había una muchedumbre cerca de las barrancas del río; en medio de este tumulto el señor Basso cayó a su muerte.
Los testimonios de sus acompañantes, que han ido variando a lo largo de los años, afirman que los culpables fueron los seis defensores del agua. Antes, también habían culpado a Faustino Trujillo –que se movía en silla de ruedas– de patear al ingeniero. También a Venancio Zetina –ya difunto para aquel momento– de haber presenciado todo y a Benito Álvarez –quien demostró estaba dando clases en Toluca– de sujetar los brazos del ingeniero Isaak Basso. El maestro, el difunto y la persona con discapacidad compartían un rasgo que no era la responsabilidad en la muerte del ingeniero: haber sido miembros del Comité de Defensa del Agua. Entre una multitud, nueve defensores del agua, en total, responsables de asesinar al empresario. El 30 de octubre de 2018, la ONU se pronunció a favor de Rómulo y los demás presos. En un reporte recomendó que el Poder Judicial reparara los derechos violados: el derecho a defender los derechos humanos y el derecho al debido proceso legal. Los convictos fueron víctimas de criminalización por ser indígenas defensores de sus recursos.
Ese reporte de la ONU fue la culminación de los esfuerzos de mujeres como Tomasa que bloqueraon carreteras, hablaron con la Alta Comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, asistieron a mítines en siete estados y fueron introducidas al Congraso Nacional Indígena. El 5 de abril de 2019 quedaron libres los seis presos políticos de Tlanixco.
Ser madre soltera con esposa en la cárcel
Todo lo anterior lo contó Tomasa así como lo había contado una y otra vez. A veces cuando habla del caso, se protege: ya no llora. Otras, sigue enojándose, pero no como lo hacía antes, dicen ella.
Un par de meses después de esa entrevista, ahora vía telefónica, Tomasa cuenta que su vida se hizo más difícil de “atardecer a amanecer”, luego de que los policías judiciales se llevaran a su esposo, tres años después de la muerte de Isaak Basso. Alrededor de 15 hombres entraron a su casa con armas largas, pero Rómulo se escondía debajo de la cama de un vecino. Amenazado de que abrirían fuego dentro de una casa que no era la suya, habitada por bebés e infantes, el esposo de Tomasa se entregó. En los primeros meses, ella sucumbió a la depresión.
Tomasa se quedó sin trabajo, ya que dice haber sido “la chalana” de su esposo en el taller mecánico que está en casa. Él le daba dinero cuando hacía falta comprar algo, él se hacía cargo de cobrar a los clientes, él le compraba juguetes a los niños. Llevaban casi 20 años de casados, desde que ella tenía 13 años y así había sido siempre. Cuando las autoridades se lo llevaron, el 15 de junio de 2006, todo eso se acabó. Tomasa y sus hijos dejaron de ir a las fiestas del pueblo porque ya no había dinero para gastar. Dejaron de festejar las navidades y dejaron de venir los reyes.
Para generar su propio ingreso, ella empezó a trabajar con su concuña: vendía tacos y gorditas en el pueblo. Sus tres hijos se quedaron “abandonados”, lamentó por el teléfono. En las mañanas, mientras ella trabajaba, su hija, que entonces tenía 13, cuidaba de su hermano menor, de siete. En las tardes, ambos iban a la escuela. El más grande perdía el día tomando. Pero más adelante murió el hermano de su esposo y su concuña. Una vez que se fueron ellos, se acabó el apoyo de parte de cualquiera de las dos familias, cuenta Tomasa.
Los primeros tres años del proceso legal los llevó un abogado privado, que era muy bueno “pero para cobrar”. Para poder pagarle, con esperanza de que su esposo fuera declarado inocente, vendió una camioneta. Luego otras dos. Más tarde, el único pedazo de tierra que estaba a su nombre. Señala hacia el cerro cuando lo cuenta, esa tierra, por suerte, no es en la que se encuentra su casa.
Desde hace un lustro, el caso de Rómulo y el de los otros cinco prisioneros, lo lleva el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero sin costo alguno para ella, ni ninguna de las demás mujeres que están en la lucha. Entre sí, esposas, hermanas e hijas de los prisioneros han conformado una red de apoyo y afirman una y otra vez que también sienten apoyo del pueblo en general. Pero Tomasa fue víctima de abuso por la ausencia de su esposo: le arrebataron tierra. El terreno en el que se encuentra su casa está a nombre de Rómulo y ante la demanda de una vecina que reclamaba que aquella tierra era suya, la ausencia de su esposo los vio a ella y su hija despojados. Entrevistándose recientemente por teléfono, afirma que un nuevo vecino parece querer hacer lo mismo.
El trabajo del Centro Zeferino Ladrilleros significa mucho para Tomasa, pero aún así tiene que ganarse la vida. Por eso trabaja como empleada doméstica, a veces en el pueblo y a veces en la Ciudad de México. En la ciudad ganaría 4 mil pesos a la quincena, pero estaría lejos de sus hijos y, agrega ella, estaría muy sola. Entonces prefiere trabajar por alrededor de 750 pesos semanales en Tlanixco.
Eso, además del cansancio a través de los años, hizo que visitar a su esposo en el penal de Almoloya de Juárez –también llamado “El Altiplano”– sea difícil. Cada visita le costaba a Tomasa, entre transporte, la comida que le llevaba y algún otro imprevisto, 500 pesos. Por eso afirma que “quinientos pesos ya no alcanzan para nada”. El carácter de su esposo no ha cambiado, tiene menos energía pero sigue siendo buena persona como antes de ser injustamente encarcelado.
Lo que sacrificó
Ella cuenta que su hijo menor era muy cercano a Rómulo. Era muy pequeño y lo seguía a todas partes, si se iba durante el día, lo acompañaba. Jugaba con él en el taller. Llorando en ese mismo taller, cuenta Tomasa que con el paso de los años su hijo se llenó de resentimiento. “Tú le dijiste que no fuera y fue”, le dijo alguna vez su hijo. Ahora por eso, el niño estaba sin su padre. Tomasa dice que ella le advirtió a Rómulo que no fuera al río cuando tocaron las campanas, pero aunque no le hizo caso, su esposo jamás llegó hasta el lugar de los hechos sino que estaba a medio camino cuando el ingeniero se desbarrancó. Pero eso fue suficiente para las autoridades, y por eso ella tuvo que sacrificar beneficios que le habría querido dar a sus hijos. Su hija no pudo hacer una carrera, su hijo menor no acabó la preparatoria. No obstante, como muestra del carácter de su esposo, por vía telefónica Tomasa cuenta que la última vez que el más joven de sus hijos visitó a su padre, éste le pidió que regresara a estudiar, que viera la forma y buscara apoyo pero que acabara la preparatoria. Ahora su hijo está buscando justamente eso, en vez de “andar de bully” por las calles del pueblo.
Aunque hacia el final fue menos costosa, la lucha por la libertad de su esposo sigue requiriendo que invierta su tiempo. Ella y sus compañeras se alternaron la presencia en conferencias de prensa, mítines, mesas de diálogo y medios. Pero para generar presión y que se acelerara el ajusticiamiento, tuvieron que luchar constantemente. Para hacerlo, Tomasa tuvo que estar ausente muchas veces durante la infancia de sus nietos. Se lamenta por su nieta, –hija de su hija–, que aunque vive con ella, no ve mucho y no la ha podido cuidar cuando su hija ha necesitado apoyo. Sigue, incluso, lamentándose por ausentarse de la vida de sus hijos; aunque sean grandes, sigue sintiendo culpa.
Tuvo que sacrificar una y otra vez lo que más le importa, pero Tomasa luchó por el derecho a defender los derechos humanos. Su comunidad defendió el derecho al agua contra empresas extranjeras y se enfrento al gobierno para hacerlo. Intentaron acusarlos como “comunidad indígena terrorista”. Señalaron a sus líderes y los criminalizaron. Pero hoy Tomasa, entre el llanto para su familia y el enojo contra el gobierno estatal, planta una cara estoica y con su tenue voz afirma lo que todo el que la ve ya sabe: “no nos vamos a dejar”. Las mujeres de Tlanixco ya sacaron a sus familiares, y no van a parar hasta que el agua que les pertenece vuelva a ser suya.