La desaparición forzada en México
Los números de personas desaparecidas en México oficiales; es decir que son reconocidos por el gobierno, asciende al número de 75,053, de las cuales el número de personas desaparecidas que no han sido encontradas hasta este momento representan un total de 11,645. Por ello, la desaparición forzada en México es un tema de seguridad nacional.
Los datos
De esos números, resalta uno: el total de 52,000 de personas fallecidas, pero que hasta este momento permanecen sin ser identificadas, aunque el informe titulado La crisis forense en México, publicado por el Movimiento por nuestros desaparecidos en México, estima que el número real podría ascender, y que debido al gobierno no tenemos una cifra confiable.
El informe menciona que de esas 52,000 personas fallecidas sin identificar, el 60% se encuentran en fosas comunes y cementerios públicos. El problema es que existe una alta probabilidad que en estos lugares los cuerpos se pierdan, aumentando de esta manera la deficiencia en la creación de un registro de los cadáveres.
Los Estados
Los datos que nos presenta el informe ya mencionado nos dice que la media nacional por estado de personas fallecidas sin identificar es de mil 575. Los estados que más sufren de este problema son Baja California con 9 mil 087 persona en esa situación, seguido de la Ciudad de México con un número total de 6,071 que no han lograda ser identificadas, y en tercer lugar tenemos al Estado de México con 5 mil 968.
En la gráfica a continuación podemos ver el resto de los estados y la forma en la que se da esa distribución y esa relación entre personas encontradas fallecidas y cuántas no han sido identificadas con datos desde el 2006 hasta 2020.
Interpretando lo que vemos en la gráfica nos podemos dar cuenta que en casi todos los estados se combinan ambas cosas, un número de desaparecidos que es de llamar la atención y por otra lado la falta de identificación de los mismos. Sin embargo, hay estados que tienen números aceptables en la identificación de los cuerpos. Los primeros tres lugares en el que mayor porcentaje de identificación se tiene son Hidalgo, Nuevo León y Oaxaca que presentan números del 37.82%, 30,38% y 24.29%, respectivamente.
Respecto a lo anterior, esta gráfica muestra el mismo desempeño de los estados en la identificación genética de los cuerpos fallecidos sin identificar en una escala de acuerdo a su efectividad, esta gráfica es presentada por el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización civil que busca fomentar el entendimiento de la situación que se vive en nuestro país en diferentes ámbitos.
Cifras Engañosas
De los 52,000 cuerpos sin identificar, como ya se menciono antes, el 60% llegan a fosas comunes y a cementerios públicos. Es decir, estamos hablando de una saturación de los servicios forenses y un bajo número de personal. Lo que sugiere una alta probabilidad de cometer errores.
El Análisis de las capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del país toma las cifras del Servicio Médico Forense (SEMEFO), institución encargada del conteo antes mencionado. El problema es que el diagnóstico sólo contabiliza aquellos cuerpos que se encontraban al interior de los Semefos durante el levantamiento de los datos, y no a los que han sido enterrados en fosas comunes, donde se encuentra la mayoría de los cadáveres desconocidos.
Asimismo, miembros de los colectivos de búsqueda mencionan que son muchas las ocasiones en las que la misma SEMEFO se ‘brinca’ algunas partes del proceso de la identificación del cuerpo.
Existen algunos casos en las que el personal de la SEMEFO quema los cuerpos mucho antes de hacer las pruebas de ADN, y es por ello que se podría hablar de una doble desaparición del cuerpo por parte de la institución. Lo que ocasiona una ineficiencia en el conteo de los cuerpos encontrados.
El Presupuesto
El presupuesto otorgado a las instituciones de seguridad aumentó un 6% en términos reales.
Sin embargo, la distribución no es equitativa, en el sentido de que instituciones como el Ejército, Marina y Guardia Nacional, se vieron especialmente favorecidas, y otros rubros como subsidios para materia de seguridad y consejos de seguridad pública para fortalecer las capacidades de las policías locales, disminuyeron.
En este sentido, respecto del FASP (que es un fondo presupuestal para las entidades federativas en materia de seguridad pública), si hay un aparente aumento de recursos (de 7,444 millones de pesos en 2020, a 7,696 millones de pesos en 2021), en términos reales tiene una caída de 0.1%, y se establece que, por lo menos, 20% del FASP deberá distribuirse entre los municipios.
Para 2022, se proyectan 141,858 millones de pesos para las Fuerzas Armadas, mientras que para policías locales 7,988 millones de pesos, a pesar de que estas últimas realizan el 80% de detenciones en el país.
La desconfianza en ciertos sectores de la seguridad pública como la policía, tanto federal como municipal, es un factor importante ya que ha determinado el camino de las asignaciones otorgadas a este tipo de instituciones.
Y si a eso se le suma la precariedad e ineficiencia dentro de los sistemas de preparación, organismos funcionales o estabilidad legal y sustento autoritario para las mismas, queda debilitado constantemente y se perjudica la continuidad de proyectos funcionales o cantidades de dinero que mantengan a flote estas instituciones.
Qué pasa en este momento
El aumento para el presupuesto a personas desaparecidas se ha mantenido dentro del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 2018, este fue de 478 millones de pesos, 2019 descendió a 400 y en 2020 se quedó en 720 millones de pesos.
Todo esto siguiendo la línea discursiva de este gobierno que pretende enfatizar los esfuerzos en el tema de seguridad nacional, ya que este ha sido una piedra en el zapato del mandatario tabasqueño por los malos resultados que ha obtenido a lo largo del sexenio dentro de este rubro y sus especificidades.
Sin embargo, en el presupuesto asignado, nada fue hacia la creación de organismos que implementen tecnologías o herramientas para facilitar los procesos de identificación, sino a subsidios y gastos operativos de la Comisión Nacional de Búsqueda.
En 2021, el crecimiento real del presupuesto para este rubro de la seguridad nacional es del 0.34%
Dónde están las autoridades
La creación de organismos autónomos como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) ha sido fundamental dentro del proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas en México, debido a que estos construyen métodos resolutivos para problemas tan complejizados y enredados por la burocratización y disparidades en las formas, reglas o disposición de información de cada institución.
Esto le brinda a las personas afectadas (en este caso las familias de los desaparecidos) la esperanza de mantener en un grupo de expertos en la materia, el regreso de sus seres queridos con ellos.
El problema es que ante el aparato estatal, no se le dan las armas suficientes para pelear contra los mecanismos existentes que imposibilitan las fases de búsqueda en el país.
Lo que prácticamente lo deja en la misma situación que a las Semefos. Ante esto, Martín Villalobos, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, resaltó que para conseguir parte de su encomienda, el mecanismo deberá lograr acuerdos de cooperación con las fiscalías estatales y los Semefos del país.
No hay coordinación
Esta división y falta de coordinación provoca que estas instituciones no compartan bases de datos o información sobre reportes de personas desaparecidas, cuerpos no identificados o resultados de análisis genéticos que terminarían con la búsqueda de muchas familias.
El diagnóstico que se ha realizado a las Semefos de los estados es malo. Y así lo reflejan los propios resultados que se han obtenido en esta materia.
Dentro del análisis de las capacidades de estos servicios, se encontró que alrededor del 30% de cuerpos que lograron ser identificados (lo cual -a pesar de ser una cifra baja- no es tan malo como realmente sería si no se hubieran tomado en cuenta los hallazgos dentro de los cuerpos al interior de las Semefos), se excluye a aquellos localizados en fosas comunes, que son la mayoría.
Sin recursos
Las razones para explicar la poca capacidad para identificar cuerpos sin nombre —según se señala en el diagnóstico— tienen que ver con la falta de equipo, personal especializado y las condiciones de los cuerpos no identificados, que muchas veces son incinerados, hallados bajo cuerpos de agua, en fosas clandestinas o desintegrados con soluciones químicas.
Un sistema que se ve superado por la cantidad de decesos al día que vive y un cuerpo forense, estatal y policial que no es suficiente para atender las necesidades básicas del tratamiento de los cuerpos para llevar a acabo un buen proceso de identificación y proceso para determinar causas u origen de cada caso refleja resultados como los de nuestro país en los últimos 15 años.
Sinaloa, Zacatecas, Sonora, Morelos y Durango fueron las entidades con mayor nivel de sobreocupación en sus Semefos. Otros estados con saturación pero en menos porcentajes eran Oaxaca, Hidalgo, Chihuahua, Puebla, Quintana Roo, Colima y Baja California. Los demás están por debajo del 100% de saturación de cuerpos.
De igual manera, la militarización de la seguridad pública podría traer como consecuencia la generación de enfrentamientos directos entre grupos delictivos y respuestas bélicas o al menos amenazantes para el gobierno y la sociedad en señal de defensa o de posicionamiento como fuerzas autoritarias ante la inoperancia del estado y permisividad del mismo.
Finalmente, tampoco es de ayuda la vertiente independiente que suelen tomar los colectivos y grupos de búsqueda ante la precariedad de un sistema que no apoya en lo absoluto las necesidades elementales de las familias, pues la baja convocatoria del sector público (más allá de la educación) para contratar antropólogos, formar especialistas, y brindarles un modo de vida digno o mediante el cual puedan obtener sustento, ha alejado a potencialmente miles de profesionales.
Por esta razón, hoy muchas de las personas que llevan a cabo este tipo de tareas son investigadores de escuelas o personas dentro del abanico académico que generalmente son convocadas por colectivos o los familiares.
Dónde están parados los colectivos
Los colectivos han sido una pieza clave para ocupar los huecos de un débil sistema de búsqueda e identificación humana. Frente a esto, ha ido creciendo el número de colectivos en el país, y los actores nacionales e internacionales que se han sumado a la búsqueda de personas.
El siguiente mapa, tomado del Informe de Desaparición forzada e involuntaria: crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), indica las capacidades forenses y la presencia de colectivos de búsqueda en cada estado de la república.
Erika Lozano, periodista, documentalista independiente e integrante de la comisión de comunicación de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecida identifica dichos colectivos:
Estos grupos han desarrollado un sistema propio de trabajo, de manera paralela a las que por ley deberían de ser las funciones y responsabilidades del Estado.
Hoy, las acciones emprendidas por la sociedad civil han tenido algunos impactos en la forma de atender el problema de las desapariciones en nuestro país. Sin embargo, hay temas como el de identificación de los cuerpos, que sin el apoyo del Estado es prácticamente imposible.
Los colectivos son las víctimas indirectas que viven los estragos de la violencia de nuestro país. Es por ello que es responsabilidad de los gobiernos generar un política pública que ataque los espacios fértiles que permiten el delito de desaparición forzada y de acceso a la justicia a las víctimas indirectas del mismo.
Las acciones
Según el último informe de Reuniones de trabajo y/o acompañamientos a Colectivos y Organizaciones Civiles publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018 se llevaron a cabo 213 reuniones de trabajo y acompañamiento ese año. Asimismo, el actual gobierno presume de haber aumentado el número de reuniones.
Sin embargo, los procesos de encuentro entre la sociedad civil y gobierno no han suscitado una reducción de la incidencia de este delito ni han agilizado la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas.
La historiadora y analista de información de seguridad en campos de contención criminal, inteligencia, estratégica, táctica, amenaza y riesgos en distintas dependencias del Gobierno Federal, Marisol Ochoa Elizondo, asegura que el Gobierno Federal ha asignado áreas especiales para atender a víctimas indirectas de desaparición.
Sin embargo, los colectivos se encuentran desatendidos por parte de las instituciones gubernamentales.
Las políticas públicas que hoy existen nacen de un discurso que busca atender el actual contexto de violencia. Sin embargo, estas siguen creando una relación jerárquica entre instituciones gubernamentales y sociedad civil, la cual mantiene los obstáculos para una resolución eficiente.
Esta asimetría de poder genera poca influencia de las propuestas originadas desde los sectores afectados por la desaparición. Es decir, los colectivos que promueven una mejora en los procesos de búsqueda e identificación de desaparecidos tienen un papel secundario en el diseño de políticas públicas.
La búsqueda
Las organizaciones civiles nacionales e internacionales que apoyan a los colectivos en su labor de búsqueda e identificación intentan subsanar el vacío judicial que dejan las autoridades.
Las manifestaciones, búsquedas de fosas comunes, buzones comunitarios y la investigación de estos actores ciudadanos son actos de desobediencia civil pues no se rigen bajo marcos jurídicos y no son supervisadas por las autoridades, sino que contravienen directamente su omisión en la búsqueda.
La búsqueda activa pone en riesgo a los familiares que hacen exploraciones de campo y labores de difusión en espacios públicos. El proyecto A dónde van los desaparecidos documentó, a partir de un seguimiento en medios de comunicación, 12 casos de madres, padres, hermanos y esposos que fueron asesinados después de investigar la muerte de sus familiares.
Levantaron denuncias en contra de los criminales que habían tomado a sus seres queridos. En cuatro casos se trataban de funcionarios públicos.
Sin presupuesto ni marcos legales que protejan a estos actores políticos, la crisis de desapariciones en México continúa creando víctimas del Estado que no garantiza seguridad ni acompañamiento a las buscadoras. Su abandono también las convierte en víctimas por omisión a las amenazas y actos de violencia que se cometen en su contra.
Los colectivos
Los hallazgos de estos colectivos y miembros de la sociedad civil son invisibilizados o anulados por completo. La información en los diarios de campo es más útil en grupos de Whatsapp o Facebook que en manos de una fiscalía.
En Jalisco, uno de los estados con más desaparecidos, surgió el colectivo Por Amor a Ellxs, que al igual que muchos otros crea archivos, comparte fichas de búsqueda, documenta en diarios de campo los hallazgos de fosas comunes y enfrentan los procesos burocráticos de las autoridades que deberían hacerse responsables.
Ana Cepeda y Salvador Leetoy realizaron una investigación sobre estos procesos de documentación y comunicación entre miembros de colectivos y familiares de desaparecidos.
El estudio De víctimas a expertas: estrategias de agencia cívica para la identifiación de desparecidos en México hace tres categorías de las publicaciones que circulaban en la página de Facebook del colectivo.
La primera describe publicaciones informativas en las que se aconseja sobre medidas para prevenir la desaparición forzada y qué hacer en caso de una.
La segunda categoría se basa en la búsqueda activa de personas mediante fichas informativas, fotografías de cuerpo completo o de tatuajes y cicatrices, se dan los detalles disponibles de una persona no identificada.
En el grupo de Facebook también se hacen propuestas para una nueva ley estatal de desaparición,para estrategias de identificación y búsqueda y sobre el proceso de declaración de ausencia.
¿A dónde ir?
La situación actual de los desaparecidos parece poner el peso de la búsqueda en los familiares más que en las autoridades. De estas últimas, abundan los casos de omisiones tanto en la protección como en la identificación de restos humanos, así como en el acompañamiento de los familiares.
La reducción de apoyos a estas organizaciones civiles las orilla a buscar métodos extrainstitucionales para dar respuesta al paradero de los desaparecidos.