Un grupo de mujeres otomíes que viven en la comunidad de San Francisco Xochicuautla se han enfrentado al gobierno y a su propia gente para defender sus tierras y su espacio sagrado: el Gran Bosque de Agua.
Las voces
“Al menos yo no tuve miedo en ese instante. Ahora me acuerdo, y sí, hasta lloro porque digo cómo es posible… que si nos hubieran matado, nos hubieran desaparecido, pues de eso ha hecho el gobierno con otras comunidades cuando están en contra de un proyecto”, expone Alicia Bustamante.
Alicia Bustamante y Ana Laura forman parte de la comunidad indígena Otomí de San Francisco Xochicuautla, la cual se encuentra en el municipio de Lerma, Estado de México, y están involucradas en la resistencia contra la infraestructura de la autopista Toluca-Naucalpan.
“Cuando empezaron a meter la maquinaria para abrir la autopista subimos al cerro y nos agredió, me acuerdo -porque mis hijas hasta traían moretones en los brazos-. El mismo comandante que traía los ganaderos nos jaloneo”, nos deja saber Ana Laura.
El contexto
La comunidad en resistencia lleva luchando alrededor de 12 años por su cultura, derechos y libertad.
La autopista fue creada con el objetivo de conectar dos polos comerciales: la Autopista Naucalpan-Ecatepec y la Autopista Toluca-Naucalpan, la cual accede al aeropuerto de Toluca.
Una vez en Toluca, se puede acceder al otro puerto geopolítico en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El fin último era tener las vías de transporte entre infraestructuras de suma importancia para el comercio mexicano.
Sin embargo, la autopista destruiría parte del Bosque Otomí-Mexica, también conocido como Gran Bosque de Agua, principal fuente de oxígeno y agua para los valles de México y Toluca.
Lo sagrado
El antropólogo Carlos Arturo Hernández Ávila, quien ha caminado junto con las comunidades indígenas para luchar por su tierra, resaltó la importancia del bosque para los Otomí.
“Dentro del bosque sagrado Otomí están todos los sitios donde se pide ritualmente la lluvia, el Cerro de la Campana, el Cerro de la Verónica, la Piedra China, toda la serie de descansos que hay dentro del sistema de peregrinaciones, que son un sistema, en el cual la gente pide, solicita la lluvia, o donde la gente pide y solicita la salud.
Cuando vieron amenazados que las rutas de peregrinación para esos santuarios iban a entrar en peligro por la construcción de la carretera la cultura Otomí, empezó a quedar en riesgo su propia continuidad en el mundo como lo que han sido siempre, gente del bosque, gente del campo, gente que pide la lluvia, gente que peregrina”.
El 29 de mayo de 2014 se otorgó el permiso de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, la cual ocupará 6 mil 938.7 hectáreas de San Lorenzo Huitzizilapan.
A partir de ese momento comenzó una lucha para defender la tierra y territorio de las comunidades indígenas Otomíes en contra del megaproyecto carretero, según el reportero José Luis Santillan en Radio Zapatista.
Qué hizo el gobierno
En 2006, Enrique Peña Nieto, en aquel entonces el gobernador del Estado de México, lo declaró como área natural protegida en la categoría de “Santuario del Agua”.
Sin embargo, cuando se le otorgó permiso a la obra en 2014, los sectores priistas y el Sistema de Agua de la Ciudad de México (Sacmex), argumentaron que esas tierras están desincorporadas y no corresponden al régimen comunal, alegando la existencia de un contrato entre el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI) de las Rajas con Sistemas de Agua de la Ciudad de México.
Como consecuencia, la comunidad de los pueblos que se ven afectados por la obra, como es San Lorenzo de Huitzizilapan y San Francisco Xochicuautla.
El 6 de julio del mismo año, 200 ciudadanos de San Lorenzo Huitzizilapan salieron a marchar y protestar al palacio municipal de Lerma, donde exigieron la detención del proyecto, ya que consideran que destruirá la riqueza forestal de su comunidad.
Es así que “este tipo de megaproyecto les cancelaba la posibilidad de seguir celebrando ritualmente lo que son y eso para una cultura es casi un etnocidio, es ser condenado a ya no ser lo que eran antes”, comparte Carlos.
“Fue algo muy bonito y a la vez muy triste porque cuestionas por qué tienes que hacer todo eso para defender a tu pueblo, vienen y te quieren quitar a tu tierra, vienen y te vienen hacer maldades y tienes que hacer todo eso para ser escuchado, para que el gobierno, como sea, no pase”, dice Alicia Bustamante.
La agencia de noticias MVT informó que el mismo 6 de julio de 2014, mientras los ciudadanos de aquellas comunidades salían a exigir sus derechos, el presidente de bienes comunales de Huitzizilapan, Luis Enrique Ortinez Dorantes, intentó realizar una asamblea clandestina, junto con el apoyo del Registro Agrario Nacional, para aprobar la venta de los terrenos comunales a favor de la construcción de la autopista.
La lucha interna
Entre constantes peleas y negociaciones, no fue hasta el 9 de julio de 2015 que los ciudadanos de San Francisco Xochicuahutla y San Lorenzo Huitzizilapan volvieron a salir a la calle para expresar sus incomodidades, lo cual logró que el entonces presidente municipal, Eric Sevilla Montes de Oca, se comprometiera a no realizar más acciones en la comunidad, según publicó en su momento el portal Animal Político.
A pesar del compromiso que mencionó el magistrado Eric Sevilla no se cumplió su palabra, y en abril de 2016 personas de la comunidad de Xochicuautla fueron desalojadas por agentes de la policía estatal para poder permitir la construcción de la autopista, de acuerdo con varias notas publicadas en Reporte Indigo.
La presión del gobierno hacia los pueblos comenzó a escalar, al punto en el que las asambleas que tenían que realizarse donde los pueblos tendrían que votar o no por la aprobación de la carretera, se hacían con la presencia de alrededor de 2 mil granaderos o policías para intimidar a los campesinos.
“Con el solo hecho de mandar a la policía, eso ya era como una amenaza, porque nos intimidaba. De alguna forma nos intimidaba pero nosotros, no sé de dónde agarrábamos el valor y la fuerza para no tenerles miedo”, recuerda Alicia Bustamante.
Una historia que aún no tiene final
Para 2018, gran parte de la obra ya estaba concluida; sin embargo, la comunidad siguió luchando.
Constantemente asistieron a los tribunales para que se detenga la autopista, argumentando que no se obtiene ningún beneficio para sus comunidades, como también se llegaron a acuerdos de negociación para tener un intercambio de beneficios.
Las comunidades exigen que se conservaran pasos subterráneos o pasos muy elevados dentro de la autopista para que pudiera pasar la fauna y se mantuvieran las rutas de peregrinación a los cerros sagrados.
De igual forma se solicitó la renovación de escuelas, un hospital, repavimentar las calles o readecuar los sistemas de agua potable, peticiones que hasta el día de hoy no se han cumplido.
Con la obra en progreso y la pandemia por COVID-19, la Institución Autopistas de Vanguardia, a quien se le otorgó el consenso por parte de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México para la construcción de la autopista, aprovecharon el momento para acelerar la construcción de la misma, ya que los tramos que antes estaban siendo vigilados por la comunidad quedaron despejados.
La Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos menciona que, el 21 de octubre de 2020, se inauguró la autopista Toluca-Naucalpan, en irreverencia a una orden judicial y en violación hacia los derechos culturales y ambientales de las comunidades indígenas que viven en la zona.
Y después de 12 años…
El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, dijo que la obra es de gran importancia para la entidad, ya que significa fortalecer y aumentar la infraestructura carretera.
Según el antropólogo Carlos Hérnandez, “el desarrollo no es lo mismo para un usuario de una autopista que para un campesino. Para los pueblos indígenas el desarrollo es otra cosa, el desarrollo no implica destrucción, por eso es tan importante el bosque”.
La realización de la autopista violó resoluciones judiciales favorables a las comunidades, ya que se deforestaron miles de árboles, flora y fauna, y pasó por encima de importantes fuentes hídricas, además de las zonas sagradas para la espiritualidad de aquellos pueblos originarios.
“Nosotros lo que estamos luchando es que se cumplan los proyectos, lo que se lucha es por la comunidad. Eso es lo que queremos y seguimos peleando”, concluyó Alicia Bustamante.